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Carta de apoyo internacional a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Belo Monte

6 de mayo de 2011

Honorable Excma. Sra. Dilma Vana Rousseff
Presidenta de la Republica Federal de Brasil
Brasilia, DF, Brasil
Fax: (61) 3411.2222
Email: gabinetepessoal@presidencia.gov.br, casacivil@planalto.gov.br

Estimada Excma. Sra. Presidenta Rousseff,

Reciba saludos cordiales en nombre de las organizaciones abajo firmantes, que trabajan por la defensa de los derechos humanos, la democracia y la protección del ambiente.  Nos dirigimos a su Excelencia para expresar nuestra profunda preocupación por la falta de implementación de las medidas cautelares otorgadas por la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 1 de abril pasado en favor de las comunidades indígenas, incluyendo en aislamiento voluntario, gravemente amenazadas por la construcción del Complejo Hidroeléctrico Belo Monte (Pará).  También estamos ampliamente preocupados y sorprendidos por la reacción del Gobierno al retirar su candidato a la Comisión.

Por lo cual respetuosamente solicitamos que las medidas cautelares sean acatadas lo antes posible y que su gobierno reconsidere su decisión en represalia a la Comisión.  Esto respetaría los derechos humanos de los pueblos indígenas y del ambiente, derechos que Brasil ha defendido internacionalmente.

Como organizaciones que trabajamos por los derechos humanos, es de nuestro mayor interés que una decisión de tan alto órgano de protección de los derechos humanos en la OEA se cumpla, para evitar impactos graves e irremediables en los derechos humanos.  Especialmente teniendo en cuenta que Brasil es signatario de la Declaración y de la Convención Americanas de Derechos Humanos, donde se comprometió a respetar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, así como las decisiones de los órganos regionales que los protegen.

En noviembre de 2010, organizaciones locales de base en Brasil encabezadas por el Movimiento Xingú Vivo para Siempre, junto con comunidades y organizaciones de la sociedad civil de Brasil e internacionales, presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH. Dicha solicitud documenta y analiza los problemas relacionados con el licenciamiento ambiental del complejo hidroeléctrico de Belo Monte, enfatizando en la ausencia de un proceso de consentimiento libre, previo e informado y en respeto de las comunidades indígenas afectadas, como lo establece el artículo 231 de la Constitución del Brasil, la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), tratados éstos dos últimos que fueron ratificados por Brasil.

Después de haber revisado cuidadosamente la petición presentada por las organizaciones, la CIDH otorgó la oportunidad al gobierno de Brasil para que presentara su perspectiva respecto a los hechos denunciados, el gobierno contestó en marzo de 2011. Una vez reunidos todos estos elementos, la Comisión concluyó que en efecto la aprobación e implementación del proyecto estaba desconociendo los derechos humanos de las comunidades afectadas por el complejo hidroeléctrico de la represa Belo Monte.  Con base en ello, se justifica la solicitud de medidas cautelares. Ante esta situación, consideramos firmemente que la decisión de la Comisión fue apropiadamente argumentada e informada, tomando completamente en cuenta los argumentos de los demandantes y del gobierno de Brasil.

El 7 de abril de 2011, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó una resolución apoyando la decisión de la CIDH[1].  Incluso el Ministerio Público Federal ha interpuesto varias denuncias en el mismo sentido que aún se encuentran pendientes de solución ante el sistema judicial brasileño.  Así mismo, varios informes de agencias federales de Brasil, científicos, expertos y el Consejo Brasileño para la Defensa de Derechos Humanos (CDDPH)[2], concluyeron que la planificación y concesión de licencias del complejo de la represa Belo Monte ha ignorado los posibles daños ambientales y la legislación sobre los derechos humanos, incluyendo el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado.

Brasil ha sido líder global en el cumplimiento de los retos del desarrollo sostenible en el siglo 21, incluyendo la organización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río +20) en 2012.  Además, como anfitrión de la Copa del Mundo en 2014 y de los Juegos Olímpicos en 2016, eventos que se ha anunciado se realizarán de manera sustentable.  Por ello creemos firmemente que la negativa del gobierno federal a considerar las recomendaciones de la CIDH, como se concluye de las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty), y las represalias al respecto, contrarían a esta posición.  Además, pondría en grave peligro los derechos y el bienestar de los pueblos indígenas en la cuenca del Xingu, la efectividad de la Comisión Interamericana y el respeto a las normas, como también la perspectiva mundial de Brasil como un país comprometido con el multilateralismo y sus instituciones, incluyendo la CIDH.

Resaltamos que si bien el país requiere de desarrollo, éste no puede alcanzarse a costa de los derechos humanos y del ambiente.  Para este tipo de proyectos hay innumerables alternativas y medidas de protección social y ambiental que evitarían los daños graves e irreparables que Belo Monte causaría.  Por lo cual tenemos la confianza que Brasil los está en capacidad de implementarlas.

Considerando lo anterior, solicitamos respetuosamente a su gobierno que reconsidere su posición con respecto a la aplicación de las medidas cautelares dictadas por la CIDH en el caso de Belo Monte, así como las reacciones contra la Comisión.  Ello en respeto de la Constitución brasileña, los acuerdos internacionales y de las instituciones multilaterales.  Sería enormemente grave y sin precedentes que un país, especialmente de la importancia para la región como Brasil, tenga esta reacción con la Comisión.  El Sistema Interamericano tiene varios otros mecanismos para que un Estado exprese su descontento, pero una reacción de esta magnitud la consideramos demasiado extrema y mina la protección de derechos humanos en el hemisferio.

Muchas gracias, por su atención a este asunto urgente. Esperamos con interés contar con su respuesta a la brevedad posible.
Atentamente,

1. Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos
Carmen Herrera

2. Acción Solidaria en VIH/Sida
Feliciano Reina

3. Amazon Watch – EUA
Atossa Soltani

4. Asociación Paz y Esperanza
Germán Vargas

5. Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) – Perú
Francisco Soberón Garrido

6. Asociación Servicios Educativos Rurales (SER) – Perú
Paulo Vilca

7. Center for International Environmental Law (CIEL) – EUA
Kristen Genovese

8. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
Ada Chuecas

9. Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL) – Perú
Dr. Francisco Ercilio Moura

10. Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Susana Peñafiel A.

11. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú
Javier Mujica

12. Centro para la Sostenibilidad Ambiental, Universidad Peruana Cayetano Heredia –Perú
Ernesto F. Ráez-Luna

13. Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género – Santiago
Carolina Carrera Ferrer

14. Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH) – Honduras
María Luisa Relagado

15. Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo (CCAJAR) – Colombia
Jomary Ortegón Osorio

16. Comisión Colombiana de Juristas – Colombia
Camilo Mejía Gómez

17. Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) – Perú
Miguel Huerta

18. Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia (Cosdej)
Norbel Mondragón

19. Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) – Ecuador
Hna. Elsie Monge

20. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz – Colombia
Danilo Rueda, Liliana Ávila

21. Comisión de Justicia Social de Chimbote – Perú
Silvia Alayo

22. Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC)

23. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Rocío Silva Santisteban

24. Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar –Colombia
Jahel Quiroga Carillo

25. Environmental Defender Law Center (EDLC) – EUA
Fernanda Venzon

26. Espacio Público de Venezuela – Venezuela
Carlos Correa

27. Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
David Velasco

28. Fundación Étnica integral La fei – Republica Dominicana
Willian Charpantier

29. Fundación para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos (FUNJUDEH) –Guatemala
Lic. Oswaldo Enríquez C.

30. Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides)
Mirtha Vasquez

31. Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A. C – México
Martha Figueroa Mier

32. Instituto de Defensa Legal (IDL)
Carlos Rivera

33. Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana – El Salvador
Benjamín Cuéllar

34. Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) – Uruguay
Jorge Pan

35. Instituto Nacional para la Paz (Irepaz) – Perú
Nidia Alegria

36. Pakistan Fisherfolk Forum [PFF] – Pakistán
Saeed Baloch

37. Provea – Venezuela
Marino Alvarado Betancourt

38. Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

39. Vicaría de Derechos Humanos – Caracas
Jose Gregorio Guarenas

40. Vicaría de Sicuani – Cusco
Ruth Luque

41. Vicariato Apostólico San Jose del Amazonas – San José del Amazonas
Monseñor Campos Vicariato

42. Bank Information Center – USA
Paulina Garzon

43. Center for Biological Diversity – USA
Rose Braz

44. Committee of Loretto Community – USA
Valeria Novak

45. Corporate Ethics International – USA
Michael Marx

46. DC Friends of MST – USA
Lyndsay Hughes

47. Department of Zoology of the University of British Columbia – Canada
Dr. David Suzuki, Emeritus Professor

48. Disciples Justice Action Network – USA
Rev. Ken Broker

49. Due Process of Law Foundation – USA
Katya Salazar

50. EarthWorks – USA
Jennifer Krill

51. FERN – UK
Jutta Kill

52. Free the Slaves – USA
Indika Samarawickreme

53. Friends of the Earth – Germany
Lutz Fähser

54. Friends of the Earth – Sweden
Anna-Karin Feragen

55. Friends of Earth – USA
Erich Pica

56. Forest Peoples Programme – UK
Vanessa Jimenez

57. Forum Ökologie and Papier – Germany
Evelyn Schönheit

58. Global Exchange – USA
Carleen Pickard

59. Guatemala Human Rights Commission – USA
Amanda Martin

60. Indigenous Communities and Conserved Areas Consortium – Switzerland
Dr. Grazia Borrini-Feyerabend

61. Indigenous Environment Network – USA
Tom B.K. Goldtooth

62. Indigenous Peoples International Centre for Policy Research and Education –Philippines
Joji Carino

63. International Accountability Project – USA
Joanna Levitt

64. Land is Life – USA
Brian Keane

65. Latvian Ornithological Society – Latvia
Viesturs Kerus

66. Maryknoll Office for Global Concerns – USA
David Kane

67. Rainforest Action Network – USA
Bill Barclay

68. Rainforest Foundation US – USA
Suzanne Pelletier

69. Rainforest Information Center – Australia
John Seed

70. The Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights – USA
Marselha Goncalves-Margerin

71. Save America’s Forests – USA
Carl Ross

72. Pro REGENWALD – Germany
Simone Hörner

73. World Rainforest Movement – Uruguay
Ana Filippini

C.c. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cidhoea@oas.org

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